La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 30 de agosto como el *Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas*, mediante la resolución 209 del 21 de diciembre de 2010. Esta fecha busca visibilizar una de las violaciones más graves a los derechos humanos, exigir justicia para las víctimas y promover el derecho a la verdad.
Según la Declaración de la ONU, las Desapariciones Forzadas ocurren cuando una persona es detenida, arrestada o trasladada en contra de su voluntad por agentes estatales, particulares o grupos que actúan con su autorización, y luego se niega a revelar su paradero o a reconocer la detención. Esta práctica deja a la persona fuera de toda protección legal.
Las desapariciones forzadas causan un profundo daño físico y psicológico tanto a las víctimas directas como a sus familias. Aquellos que sufren una desaparición viven con el temor constante a ser asesinados, mientras que sus seres queridos experimentan una angustia incesante ante la incertidumbre sobre su paradero, estado y condiciones. Incluso quienes logran sobrevivir a estas experiencias suelen arrastrar graves secuelas debido al trato inhumano al que fueron sometidos. Además, las niñas y los niños son particularmente vulnerables, ya sea por ser víctimas directas o por la desaparición de sus progenitores. Esta situación vulnera directamente su derecho a la identidad y a la protección, derechos fundamentales establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Las desapariciones forzadas afectan múltiples derechos fundamentales, entre ellos:
- Derecho a la vida, libertad y seguridad.
- Prohibición de la tortura.
- Reconocimiento de la personalidad jurídica.
- Juicio justo y debido proceso.
- Identidad personal y protección judicial.
- Verdad, justicia, reparación e indemnización.
El Secretario General de la ONU ha instado a los Estados a intensificar la búsqueda de las personas desaparecidas, asistir a sus familias y garantizar investigaciones independientes.
México ha ratificado:
- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (2002)
- Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas (2008)
Además, desde 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) implementa el Programa Especial de Personas Desaparecidas, instancia encargada de investigar casos donde se presume la participación de autoridades federales en la desaparición. Este programa busca localizar a las personas desaparecidas y determinar si hubo violaciones a sus derechos humanos, también coadyuva con las autoridades en la búsqueda.
