El 10 de junio de 2011 marcó un punto de inflexión en la historia jurídica de México con la publicación de una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta transformación legal, difundida a través del Diario Oficial de la Federación, estableció como eje rector la “dignidad de la persona” y dio origen a una nueva cultura en la administración pública.
El cambio más significativo se realizó en el artículo 1° de la Constitución, al redefinir el actuar de todas las autoridades —federales, estatales y municipales— y establecer que deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, mexicanas o extranjeras.
Entre las principales novedades destacan:
- Inclusión de los derechos humanos contenidos en tratados internacionales como parte del marco constitucional.
- Derecho de audiencia para personas extranjeras sujetas a expulsión del país.
- Ampliación de las facultades de la CNDH y comisiones locales para intervenir en temas laborales.
- Obligación de aplicar el *principio pro persona*, eligiendo siempre la norma o interpretación más favorable a la persona.
La reforma también modifica otras 10 disposiciones constitucionales: Artículos 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 y fue acompañada por la transformación al juicio de amparo, publicada días antes. Esta última, convirtió el amparo en una herramienta clave para la protección de los derechos humanos ante actos, leyes u omisiones de cualquier autoridad.
Este proceso forma parte de una serie de esfuerzos por consolidar un Estado más democrático y garante de los derechos fundamentales, junto a iniciativas previas como la creación de la CNDH, el IFE y el Instituto Federal de Acceso a la Información.
Finalmente, esta reforma representa un desafío para quienes operan el sistema jurídico: no solo exige comprender las nuevas disposiciones, sino también repensar y transformar las prácticas tradicionales del derecho en México.
